Situación en el Catatumbo es crítica, dice Human Rights Watch

Foto: Archivo Particular / La arremetida violenta no para en el Catatumbo, de acuerdo con el informe de HRW.

La tasa de homicidios se duplicó desde el 2015, y 40.000 personas se desplazaron en dos años.

Por: Sergio Gómez Maseri

EL TIEMPO

La falta de control por parte del estado colombiano en el Catatumbo está contribuyendo a una dramática ola de violencia contra miles de civiles colombianos y venezolanos que han quedado atrapados entre el fuego cruzado de varios grupos criminales que se disputan esta zona fronteriza.

Estas personas, así mismo, estarían siendo víctimas de abusos por parte de la fuerza pública. Especialmente desde que el gobierno envió una fuerza de despliegue rápido en octubre de 2018 para tratar de poner orden en esta remota región del país.

Esa, en parte, es la radiografía que presenta la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe de casi 70 páginas que será hecho público este jueves en Bogotá.

Titulado ‘La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia’ documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Así mismo, estos grupos armados han venido sembrando minas antipersonales y recurren a la intimidación de la población civil y el asesinato de líderes sociales como parte de su estrategia para ejercer control territorial.

La situación, de acuerdo con el reporte, es el resultado del vacío que se generó en el Catatumbo luego que las Farc se desmovilizara en el 2015 y que el gobierno no ha podido copar desde entonces.

El drama que se vive en el área se ha visto exacerbado con la llegada de miles de venezolanos que están cruzado la frontera para escapar la crisis humanitaria que se vive en su país y que ahora están expuestos a la violencia de estos grupos.

De acuerdo con el reporte, si bien se sabe de algunas venezolanas que han sido ‘desaparecidas’ y de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los venezolanos afectados debido a que muchos desconocen los procedimientos para reportar lo ocurrido o temen ser deportados si presentan denuncias ante autoridades colombianas.

“Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

El informe está basado en una visita de campo de realizó la ONG estadounidense en abril de este año al igual que en entrevistas a más de 80 personas incluidas víctimas de abusos, sus familiares, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona.

El reporte cita cifras oficiales que ubican en 40.000 la cantidad de personas que se han visto desplazadas de la zona desde el 2017 como consecuencia de los enfrentamientos entre el Eln y Epl. En el 2019, sin embargo, la principal causa del desplazamiento serían los combates de estos grupos con la fuerza pública.

Según la ONG, residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios vienen indicando que soldados del Ejército colombiano han actuado de manera abusiva.

“En ocasiones, los soldados estigmatizan a civiles y los acusan de ser cómplices de guerrillas. Los soldados también interceptan a civiles en retenes militares y les piden información sobre sus comunidades, lo cual los expone a represalias por parte de grupos armados”, se afirma en el reporte.

El reporte también documenta como la tasa de homicidios se ha duplicado en el Catatumbo desde el 2015 (de 112 ese año a 231 en 2018) entre ellos 9 defensores de derechos humanos y líderes sociales desde el 2017.

Así mismo da cuenta de por lo menos 17 secuestros o desapariciones, 37 casos de delitos sexuales y el reclutamiento de menores que son forzados a sumarse a un grupo armado a punta de amenazas contra su familia o bajo la promesa de recompensas económicas. 

En el reporte HRW sostiene que si bien las cifras que describen la magnitud de los abusos son muy graves, ¨la cantidad total de abusos probablemente sea mayor, debido a que muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias¨.

En general, dice el informe, la mayoría de los crímenes que se comenten siguen en la impunidad pues la Fiscalía ha avanzado muy poco en los procesos. De 770 casos abiertos por homicidios desde 2017 solo se habían dictado condenas en 61 de ellos pero ninguna en casos de violencia sexual, desplazamiento o reclutamiento de menores.

La lentitud de la justicia, sostiene el informe se debe al bajo número de funcionarios que se han desplegado en el Catatumbo y los riesgos de seguridad que existen en la zona para los investigadores.

El reporte una serie de recomendaciones tanto para el gobierno como para la Fiscalía General y autoridades locales. Entre ellas “adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil, aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados, procurar obtener asistencia internacional para los desplazados, llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país“.

Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO


Tomado del portal del diario EL TIEMPO