Al tablero proyecto de la consulta anticorrupción

Foto: EL NUEVO SIGLO

La Cámara de Representantes tiene en sus manos, para último debate, la iniciativa que busca que los congresistas registren sus conflictos de intereses

A último debate en la plenaria de la Cámara llegó el proyecto de ley que modifica la Ley Quinta para que los legisladores radiquen ante las secretarías del Congreso sus conflictos de interés, así como los de su cónyuge y familiares hasta de tercer grado de consanguinidad.

Mientras un sector (en el que coinciden gobiernistas y opositores) asegura que esto les brindará mayor transparencia a las discusiones del Congreso, ya hay varias firmas que buscan la eliminación del artículo de la iniciativa.

La ponencia ya fue radicada por parte del representante por Bogotá, Gabriel Santos, del Centro Democrático, quien indicó que la polémica entre las dos posiciones es injustificada.

“Hay un sector de parlamentarios que se opone a que la ciudadanía haga un escrutinio más profundo a nuestra actividad por medio de la digitalización del registro de intereses y la extensión a tercer grado de consanguinidad para que la ciudadanía desde cualquier rincón de Colombia pueda constatar nuestro conflicto de interés y hacer un escrutinio más fortalecido”, anotó Santos en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

Según el representante, “logramos sentarnos con la mayoría de las personas que tenían una reserva y veremos si nos acompañan en la votación. El artículo 2 es el único que está generando problema para su votación. Esperamos que los congresistas nos apoyen”.

Santos sostuvo que “con la aprobación de este proyecto vamos a dejar de apreciar esa serie de intervenciones donde los congresistas se declaran impedidos con motivos inanes, lo que pretendemos es hacer más explícito lo que constituye un impedimento y lo que no lo constituye”.

Así mismo, recordó que durante la discusión del proyecto de reforma constitucional que pretendía bajar el salario de los congresistas “se presentaron impedimentos por casi todos los congresistas por lo que se esgrimieron dos teorías distintas. La primera que el impedimento se da cuando se beneficia de manera directa y particular al congresista; la segunda que indica que un prejuicio a las condiciones actuales de los congresistas puede generar un impedimento, con esto queremos dejar claro cuándo un congresista está impedido y queremos dejar claro cuándo tiene que registrar unos intereses para el escrutinio público, de sus compañeros y de la ciudadanía”.

Artículo 2

Como lo expuso Santos, toda la polémica se centra en el artículo 2 de la iniciativa que pretende que en la Secretaría General de cada una de las cámaras “se llevará un libro de registro de intereses y consignarán la información relacionada con su actividad privada de los congresistas y la de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. El registro estará sistematizado y será de fácil consulta y acceso. En este registro se debe incluir, cuando menos: actividades económicas, incluyendo su participación, en cualquier tipo de sociedad, fundación, asociación u organización, con ánimo o sin ánimo de lucro, nacional o extranjera. Cualquier vinculación en cargos o empleos públicos o privados, actuales o en el año inmediatamente anterior a su elección”.

Y agrega que también se debe declarar “cualquier afiliación remunerada o no remunerada a cargos directivos en los entes descritos en literales anteriores; actuales o en el año inmediatamente anterior a su elección. Pertenencia y participación en otras juntas o consejos directivos, públicos y privados actuales, o en el año inmediatamente anterior a su elección. Una relación de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil cónyuge o compañero permanente, en la que consten las actividades desarrolladas por cada uno de aquellos y copia de las cuentas claras presentadas para la campaña a la que fue elegido”.

Seguimiento a impedimentos

En la pasada plenaria se presentó una proposición para la eliminación de dicho artículo.

Según la representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, “este artículo amplía el conflicto de intereses para nuestro cónyuge y familiares. Si se elimina, quita la posibilidad para que los medios, las veedurías ciudadanas y la ciudadanía en general pueda hacer un seguimiento a si nos estamos declarados impedidos o no a proyectos que nos beneficiarían a nosotros mismos o a nuestros familiares, la idea entonces es que vamos a insistir en la vigencia del artículo”.

Goebertus espera, le dijo a este Diario, “que la ciudadanía tras un año de la consulta anticorrupción se movilice a favor de ese artículo para que los congresistas se den cuenta de responder a ese clamor ciudadano. Espero que todos mis colegas se acuerden que casi 12 millones de ciudadanos votaron a favor del punto 6 de la consulta anticorrupción. Si eliminamos este artículo el proyecto no avanzaría en nada en materia de transparencia frente a los intereses de los familiares de los congresistas”.

Según la legisladora, las otras disposiciones de la iniciativa son importantes, pero “este es el corazón del proyecto, en realidad el artículo 2 es lo único que desarrolla de la consulta anticorrupción, sin este punto el articulado no desarrollaría la consulta”.

Sin embargo, el representante por Norte de Santander, Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, quien presentó la proposición en conjunto con cerca de 60 firmas, aseguró que “aquí no han contado que este proyecto limita la posibilidad de que nos declaremos impedidos en los primos o en los tíos, situación que hoy sucede nos debemos declarar impedidos. Yo firmé esta proposición porque el conflicto de intereses ya existe en la ley Quinta y somos los únicos funcionarios públicos que lo debemos hacer”.

Según se lo expresó Chacón a este medio, “hay un registro abierto y público donde demostramos nuestros intereses, eso es un fuero interno de las personas y los congresistas estamos haciendo nuestro trabajo. Hoy por hoy se votó el estatuto anticorrupción y lo sacamos muy rápido pese a que la ley ya imposibilitaba la casa por cárcel contra los corruptos, esa norma ya existe”.

Además, aclaró que no tiene ningún tipo de interés en hundir esta iniciativa “yo soy separado, mis hijos son menores, mi papá solo es magistrado y profesor universitario y mi mamá trabaja en una empresa. No tengo ningún tipo de interés. Pero no puedo callar porque aquí se le están diciendo mentiras a los colombianos frente al trabajo de los congresistas”.

El proyecto también contempla otras disposiciones como que en la exposición de motivos el ponente del proyecto indique qué circunstancias podrían generar conflicto de intereses y así brindar una guía para que otros congresistas tomen la decisión.


Tomado del diario EL NUEVO SIGLO

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