Autoridades revisan cientos de contratos. En Barranquilla se acordó ajuste; otros defienden costos.
El fiscal general, Francisco Barbosa, les dio la orden a sus delegados ante la Corte Suprema de que le inicien indagaciones a mandatarios aforados que han firmado o autorizado contratos con presuntos sobrecostos, suscritos en plena pandemia.
Se está cruzando información en tiempo real con el equipo que lidera el contralor Felipe Córdoba y con el del procurador Fernando Carrillo, que ya dio vía libre para pedir que se suspendan los primeros contratos en alcaldías.
Pero hay otra carrera contra el reloj ligada a este tema. EL TIEMPO –que ha venido publicando los contratos bajo la lupa– ubicó a varios de los proveedores detrás de estos mercados y kits de aseo, y estableció que algunos los están ajustando de común acuerdo con los entes de control, para bajar precios o aumentar ayudas.
Otros, sin embargo, insisten en que la emergencia sanitaria disparó los costos de los productos y en que van a probar que están actuando de manera transparente.
Uno de los contratos lo firmó, la última semana de marzo, la alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo (de Cambio Radical y heredero de la casa Char). Aparece como proveedor Servicios de Alimentaciones, con una larga trayectoria contractual en la región.
Se acordó el desembolso de 18.000 millones de pesos a cambio de entregar 300.000 mercados a población vulnerable.
Pumarejo justificó los precios, pero veedores locales los compararon con los que ofrecen tiendas corrientes y concluyeron que lo que se reparte se puede comprar por un 20 por ciento menos.
EL TIEMPO buscó a Ricardo Alfredo Navarro, representante de la empresa, y este aseguró que se firmó un otrosí para eliminar el pago del impuesto de estampilla y del IVA de ciertos productos. Así, el valor de cada mercado se reducirá a unos 40.000 pesos.
Según el proveedor, con el ajuste se van a poder entregar 60.000 mercados más y cubrir gastos adicionales de logística.
“Estamos en un proceso de investigación y nos han visitado y revisado la documentación, con registro fotográfico y seguimiento en las entregas. Pero estamos haciendo bien las cosas, y por eso suscribimos el otrosí; queremos evitar que se tache el buen nombre de la administración y de la empresa”, aseguró Navarro.
Casanare cedería
Con el de Barranquilla, los organismos de control revisan 56.875 contratos suscritos entre el 10 de marzo y el 5 de abril: 11.495 de ellos se cubrieron con recursos para la atención de la pandemia.
En el listado figura la adquisición que hizo la gobernación de Casanare, en cabeza de Salomón Sanabria (Centro Democrático), por 8.100 millones de pesos para entregar 33.702 “paquetes de alimentos no perecederos” a 16.851 adultos mayores.
Cada mercado terminaría costando 207.000 pesos, pero valores de referencia indican que no superarían los 160.000 pesos.
El proveedor es la Fundación Emprendedores Sociales y su representante legal es Róbinson Rincón Rodríguez. Aunque en la empresa se comprometieron a explicar el caso, por ahora no han respondido.
El gobernador Sanabria, sin embargo, dio la instrucción a su equipo de trabajo de que le faciliten a los organismos de control la información que se requiera para establecer si hay alguna irregularidad o si puede ser objeto de modificación para reducir costos. Pero algunos descartan de plano cualquier evaluación.
En Armenia, la Procuraduría acaba de pedir que se suspenda un contrato por 300 millones de pesos que la alcaldía firmó con Guitarra and Coffee para suministrar el servicio de restaurante a funcionarios que atienden la emergencia.
Se busca que expliquen por qué consideran como “medida de primera necesidad” el suministro de alimentos a su personal. Además, se indaga si el contrato se firmó antes que saliera la póliza y por qué cada plato cuesta 28.100 pesos.
“No hemos sido requeridos, pero estamos prestos a ir a donde nos llamen las autoridades a explicar lo que se requiera”, respondió Édison Acosta, represente legal suplente de Guitarra and Coffee.
‘Que se investigue’
Henry Gómez Montoya, representante legal de Corporación Colombia Avanza, asumió una postura similar con el contrato suscrito con la Secretaría de Educación de Medellín, por 7.168 millones de pesos para “220.578 kits alimenticios para población vulnerable”.
Se indaga un eventual sobrecosto de 531 millones de pesos del valor global, sin incluir costos de logística y adecuación.
Pero Gómez dice que la comparación de precios que se está haciendo no tiene en cuenta factores como escasez y desabastecimiento de algunos productos por la pandemia, y que si bien al Gobierno no se le puede cobrar IVA en este tipo de procesos, a ellos sí se lo hacen efectivo los proveedores.
“Hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las rencillas políticas. Cuando los órganos de control nos requieran vamos a mostrarles todo”, señaló el contratista y agregó que, por ahora, el contrato no se modificará.
Un argumento similar planteó Adriana Zamora, de Corpovalle, con relación al contrato por 2.300 millones de pesos con la gobernación del Valle para entregar 10.176 mercados a adultos mayores de centros de protección.
Para la Contraloría, habría un sobreprecio del 31,53 por ciento y, según cálculos comparativos, esa cantidad de mercados no debe costar más de 1.771 millones de pesos. El contrato se suscribió el 30 de marzo bajo la figura de urgencia manifiesta.
“Tenemos un amplio reconocimiento por nuestra capacidad de ejecución. La Contraloría no ha encontrado ningún delito, y que eso quede muy claro. Cuando nos requieran vamos a explicar todo lo que necesiten”, afirmó Zamora.
En Uribia, La Guajira, la administración del alcalde Bonifacio Henríquez también dice que está dispuesta a explicar el costo de 8.000 mercados contratados con la Fundación Ayatashi Wayaa.
Se adquirieron el 26 de marzo por 1.300 millones de pesos, y cada mercado se cotizó a 164.600 pesos –con 12 productos–. Pero las autoridades compararon precios y señalan que ese mismo kit no cuesta más de 100.000 pesos.
EL TIEMPO buscó a Carlos Antonio Bolaño Salgado, representante legal de Ayatashi Wayaa, pero no respondió a los mensajes.
Ahora viene una segunda fase de las indagaciones: los grupos élites de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría comenzaron a revisar la adquisición de elementos sanitarios, arrojando ya posibles sobrecostos.
Ahora se preparan las primeras decisiones.
El otro paquete de contratos bajo observación
En una nueva revisión de procesos contractuales, la Contraloría General encontró un nuevo listado sobre el cuál pedirá claridades a entes territoriales y a proveedores.
Uno de estos casos está en la gobernación del Valle, donde se contrató a Medical Pharmacy para la entrega de material sanitario como tapabocas N95, caretas de protección y, entre otros, batas antifluidos.
El contrato se firmó el 30 de marzo por 15.100 millones de pesos y se verifica si hay justificación para respaldar el presunto sobreprecio del 20,9 por ciento.
Un caso similar se chequea en la Armada Nacional Base Naval n.º 6 ARC Bogotá, que firmó un contrato de 2.300 millones de pesos con Medivalle SF SAS para proveer elementos de protección personal.
Uno de los productos que despertó las alertas es un tapabocas de dos capas de tela no tejida, con una capa intermedia de repelente de olores y 3 pliegues para mayor cobertura facial.
La intención es proveer 1,3 millones de estas mascarillas, cada una avaluada en 1.785 pesos. Pero en un contrato de referencia del mismo producto firmado por la Policía con otra empresa, y que fue analizado por la Contraloría, lo cotizaron a tan solo 750 pesos.
El concierto en Arauca
Otro de los casos en revisión es el de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, de Bogotá, que firmó un contrato por 367 millones de pesos para comprar tapabocas N95. Se suscribió con Medicox Limitada, que cotizó cada mascarilla a 6.100 pesos con impuestos, pero valores de referencia mostrarían que en el mercado su costo no sobrepasaría los 1.200 pesos.
La Contraloría tiene procesos similares bajo análisis en poblaciones de Guainía, Cundinamarca, Meta y Risaralda, por lo que no descarta ejecutar esta semana nuevas inspecciones para corroborar si las denuncias por posibles sobrecostos tienen o no sustento.
El anuncio de indagaciones ha llevado a varios mandatarios a renegociar contratos o a ajustar cantidades. EL TIEMPO ya reveló casos en Acacías, Meta; Chía, Cundinamarca, y Coveñas, Sucre, en donde están comprometidos 2.400 millones de pesos.
El gobernador de Arauca no ha anunciado ningún ajuste al contrato de mercados, que ha salido a explicar en medios. Pero ahora, según denuncias, hay otro que implica un desembolso de 570 millones de pesos para conciertos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
Tomado del diario EL TIEMPO
