La empresa alega que estaría protegida por el TLC con Estados Unidos
Por: Mario Chaves Restrepo
La República
Uber le anunció al Estado colombiano que tiene la intención de demandarlo, debido al fallo de la SIC, de finales del año pasado, que condena a la empresa de tecnología por conductas de competencia desleal. Ante esto, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, descartó que Colombia vaya a contratar en el corto plazo un bufete internacional, y en declaraciones a la FM dijo que “la demanda no sería en Delaware (jurisdicción donde está domiciliada la empresa), son demandas que van al Ciadi y Colombia ya tiene experiencia en esto. En los primeros seis meses se lleva de manera directa, y salvo que surja algún tema especializado, lo haremos con nuestra gente y con el apoyo del Ministerio de Comercio”.
El lío con la empresa de tecnología comenzó en diciembre del año pasado, cuando la SIC resolvió una demanda interpuesta por Cotech S.A. (quienes manejan la aplicación de Taxis Libres) en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y UBER Colombia S.A.S., y determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte.
En el fallo, la SIC le ordenó a Uber cesar la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades “Uber” “Uber X” y “Uber VAN”. Este ya era el tercer problema de Uber en la SIC solo en el segundo semestre del año pasado (en julio había recibido la orden de fortalecer su sistema de protección de datos personales y en agosto había sido multada por obstruir una visita administrativa que tuvo lugar en octubre de 2017). Además, un par de días antes la empresa había sido sancionada por la Supertransporte por incumplir la orden de no promocionar servicios no autorizados.
Uber apeló inmediatamente la SIC, y actualmente el proceso se encuentra en el Tribunal Superior de Bogotá, y en su momento, la empresa de tecnología expresó que lamentaba el “sorpresivo fallo de la SIC” y agregó que “la decisión refleja un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos que ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de Internet”.
Ahora, un par de semanas después de ese problema inicial, al propio presidente Iván Duque le fue enviada una carta firmada por el abogado Miguel López Forastier, en la que notifica que el Estado colombiano va a ser demandado por la plataforma ante un tribunal de arbitramento.
El principal argumento de la empresa es que ha hecho varias inversiones en el país, por lo cual, estaría protegida por el TLC con los Estados Unidos; y agregaron que lamentaban que la decisión de la SIC hubiera sido tomada motivada por presiones políticas. Además, cuestionaron que otras empresas que prestan servicios similares no hayan sido tratadas de la misma manera.
Ante esto, en Noticas RCN el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que si bien el encargado de pronunciarse sobre el tema es el directos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a priori, Barreto veía débiles las pretensiones de Uber.
“A priori le puedo señalar que no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano y en ese sentido yo veo las pretensiones muy débiles frente a un tribunal arbitral, porque no les está permitido prestar la actividad en Colombia y no sabemos cuál sería la inversión que no se les está respetando o la estabilidad jurídica del TLC. Así que a mí me parece que es también una salida desafortunada de esa empresa”, señaló Barreto.
Además, ante la pregunta de por qué sigue funcionando Uber en Colombia, el superintendente explicó que, aunque el fallo es de inmediato cumplimiento, “la empresa que demandó tiene que adelantar otro tipo de procesos, como uno ejecutivo, o adelantar acciones ante otro tipo de entidades, como los ministerios para que las plataformas no pudieran prestar su servicio en Colombia; pero ya la SIC no tiene participación en el proceso, porque recordemos que es un problema entre particulares, no entre el Estado y la empresa”.
Tomado del diario La República
