Los expertos coinciden en que un régimen de transición de más de 10 años no tendría el efecto a nivel fiscal que necesita el país. Ex mintrabajo había hablado de ocho años.
Por: Adriana Carolina Leal Acosta
La República
Pese a que la insostenibilidad del sistema pensional colombiano es un problema que ha sido ampliamente discutido desde hace más de una década, así como la necesidad de cambiarlo, la última modificación significativa data de 2003. Esto fue con la Ley 797 de ese año, que buscó recapitalizar el fondo común del ahora marchito, Instituto de Seguro Social.
Ahora, pasados 17 años desde ese hecho, hay posibilidad de que en la próxima legislatura se proponga finalmente, un articulado que modifique el modelo vigente. De hecho, así lo sugirió hace un par de semanas la entonces ministra de Trabajo, Alicia Arango; allí, uno de los puntos más importantes que se deberá definir es cuánto debería durar el régimen de transición, sobre lo que ella mencionó que, hipotéticamente podría tratar de un periodo de ocho años.
Esto significaría que las normas vigentes cobijarían a los hombres de mínimo 54 años y a las mujeres de 49 años. No obstante, cabe aclarar que esa idea aún no ha sido expresada oficialmente, como ninguna otra sobre la reforma.
Sin embargo, dicho planteamiento sí abrió el debate entre los analistas que, según un sondeo realizado por LR, coincidieron en dos puntos fundamentales. El primero, que el periodo de transición idealmente debería ser lo más corto posible, pero que por el costo político que esto tiene, sería imposible de tramitar, de modo que lo más conveniente es llegar a un consenso con los diferentes actores involucrados, para que más adelante no sea necesario hacer nuevos cambios.
En segundo lugar, señalaron que el tiempo máximo (también en el periodo de transición), no debería ser, de ninguna forma, igual al del la Ley 100 de 1993, que contempló más de 15 años, por lo que una década sería el tiempo límite que se debería manejar.
“La duración del régimen de transición debe ser producto del proceso de concertación en la elaboración de la reforma pensional. Hoy no hay ninguna restricción legal que implique un número mínimo de años de transición, pero creo que 10 años para la edad de pensión es un número razonable, siempre que se hayan medido los costos”, señaló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Sobre esto, Alain Foucrier, presidente de Colfondos, coincidió con Mejía, y agregó que lo más acertado sería llegar a una cifra entre los cinco y los 10 años, pero que los cambios que contemple la nueva normativa sean estructurales. “Uno de los puntos claves es que los regímenes especiales deben desaparecer y Colpensiones podría cambiar de rol para administrar programas como el de Colombia Mayor”, agregó.
No obstante, David Cuervo, director de bienestar patrimonial de Mercer, advirtió que no se puede ceder mucho en la determinación del periodo, pues las “transiciones largas son simplemente patear el problema hacia el futuro, a otras generaciones y a otros gobernantes, haciendo que las medidas de reforma tengan que ser más drásticas para cuando se afronten. Sabemos que con un régimen de transición muy corto, la reforma tendría un efecto más inmediato y por lo mismo, la reacción de la ciudadanía es mayor”.
Sergio Clavijo, ex director de Anif, señaló que si bien estaría de acuerdo con que el régimen de transición dure alrededor de 10 años, es importante poner sobre la mesa el incremento de la edad de pensión en la reforma para que el sistema sea sostenible.
“En un escenario de reforma, siguiendo las sugerencias de organizaciones multilaterales como el BID y la Ocde de atar la edad de pensión a la mayor esperanza de vida de la población. Dicha edad se incrementaría de la norma actual de 57 a 62 para las mujeres, y de 62 a 67 años para los hombres”, señaló el economista.
La situación y los ‘inamovibles’ del Gobierno Duque
Según Anif, la cobertura pensional en Colombia llega al 27%, menos de la mitad del 64% del promedio observado en América Latina. Sin embargo, se giran alrededor de $40 billones anuales para cubrir estas mesadas, que reciben 1,3 millones de personas que pertenecen a los fondos públicos. El Gobierno, pese a esto, ha prometido no subir la edad de jubilación, no aumentar el porcentaje de cotización hoy de 4%, respetar los derechos adquiridos y además, mantener la pensión de sobrevivencia.
Tomado de diario La República
