Guardaparques salen de 10 áreas protegidas por amenaza de disidencias

Foto: Cortesía Presidencia

Por ultimátum nadie puede ingresar a Chiribiquete, Cahuinarí, La Paya, entre otros parques.

Por: Tatiana Rojas Hernández

EL TIEMPO

“Las disidencias de las Farc les dieron 48 horas a los funcionarios de Parques Nacionales para que salieran de las áreas protegidas de la Amazonia. Ese plazo se cumple hoy. Y de no hacerlo, sus vidas estarían en peligro”. La denuncia la hizo Carlos Castaño, exjefe de Parques Nacionales.

De acuerdo con Castaño, a principios de febrero, varios hombres armados llegaron a una de las cabañas localizadas en el parque natural Cahuinarí, ubicado en el sistema fluvial del Caquetá y Putumayo, con la intención de reunirse con los directivos de Parques. Allí —cuenta Castaño—, las disidencias les advirtieron que no querían ver a ningún funcionario del Estado y tampoco a turistas.

Ante una inminente tragedia, los guardaparques salieron de esas zonas y ya se encuentran en Bogotá. Ninguno accedió a hablar.

“En toda mi historia como director de parques y como ambientalista, jamás había visto un momento tan difícil para Parques Nacionales. Esto es un llamado de alerta a recuperar la institucionalidad y el equilibrio de este país”, aseguró Castaño.

En la lista de los parques donde los funcionarios fueron obligados a salir se encuentran Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya.

Lo más grave es que eso no solo ocurre en estas zonas. La situación de grupos armados controlando áreas protegidas también se presenta desde hace algunos años en la reserva Puinawai, Nukak, el parque Tinigua, La Macarena, Picachos y, más reciente, en El Cocuy.

Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, estas amenazas responden a los operativos de la estrategia Artemisa, un programa del Gobierno Nacional para frenar la deforestación en la Amazonia y Orinoquia. Con esto, luego aparecen la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos.

“Dentro de las áreas ricas ambientalmente como el parque La Macarena, Tinigua, Chiribiquete, entre otros, hemos implementado acciones de legalidad. Al tener presencia estatal en esos territorios, en donde antes no existía, toda nuestra gente está recibiendo amenazas. Sin embargo, la prioridad del presidente Iván Duque son las personas, por eso ya no están en esas áreas”, dijo.

En medio de esta crítica situación, EL TIEMPO consultó a la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, pero aseguró ella que no estaba autorizada para dar declaraciones. Ahora bien, ante el complicado panorama, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, convocó un consejo de seguridad, que se realizará hoy, en el parque El Cocuy, para hablar de la problemática.

Parques, territorios vedados

Luego del asesinato del guardaparques Yamid Silva, de El Cocuy, a manos del Eln, más las amenazas directas contra todos los guardaparques de la Amazonia y la Orinoquia, quedó en evidencia lo que ya muchos expertos venían advirtiendo: que desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, estas zonas, históricamente controladas por la extinta guerrilla, quedaron a merced de los grupos residuales.

Un fenómeno que viene ocurriendo en mayores proporciones en los parques La Macarena, Tinigua y Picachos, pues quien estaría detrás de la deforestación para la siembra de coca y ganadería extensiva sería alias Gentil Duarte, líder de las disidencias de las Farc.

Según el coronel Fabio Ospina, comandante del Componente Aéreo Fuerza de Tarea Omega, “por orden de ‘Gentil Duarte’ vienen depredando el parque Tinigua. Están trayendo colonos de otros sectores y están instrumentalizando a la población civil, obligándola a hacer quemas y a deforestar”, explicó.

El coronel Ospina agregó que la forma en la que operan es sistemática, porque “en nuestros monitoreos vemos que llega gente humilde a tumbar bosque y construyen casas en medio de la selva que pueden costar entre 40 o 50 millones de pesos, siembran coca o meten ganado. Ellos no tienen esos recursos, se los están proporcionando”, argumentó el oficial.

En efecto, el procurador Fernando Carrillo denunció la semana pasada que las áreas protegidas están siendo usadas para financiar los intereses de las mafias. “Los funcionarios de Parques terminan en peligro por descubrir las rutas y sus desplazamientos. La recuperación del control físico territorial ha sido imposible y por eso hoy existen en el país parques vedados”, aseguró.

Asimismo, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, dice que, “de las alrededor de 70 áreas protegidas que tiene el país, más de la mitad son zonas de apropiación de economías ilegales que usan tanto los territorios como a la población local para sus intereses económicos».

Es el caso de la reserva natural Puinawai y Nukak. En la primera, las disidencias y otros grupos armados tienen el control de la minería ilegal, y en la segunda, la siembra de coca. “El Cocuy ha sido una zona histórica del Eln, es su corredor de movilidad, los baja a Arauca y también les permite pasar a Boyacá”, explicó Botero.

Se sienten abandonados

“Parques Nacionales ha puesto muchos muertos y aun así, las directivas no se inmutan”, aseguró un funcionario de una área protegida que prefirió no dar su nombre para evitar represalias. Este guardaparques, que lleva más de 20 años ayudando a conservar el patrimonio natural de los colombianos, contó que también recibió amenazas del Eln cuando trabajó en El Cocuy, pero nunca recibió apoyo.

“En muchos parques se necesita de la presencia de la Fuerza Pública, pero no está, porque dicen que no son vigilantes. Ni siquiera pongo en conocimiento eso porque no hacen nada. Esto ya hace parte de la cotidianidad”, contó.

Entre 1994 y 2020, han sido asesinados 12 guardaparques, según datos de Parques Nacionales. En la mayoría de casos reina la impunidad, solo se logró capturar a dos integrantes del Eln por el asesinato de Yamid Silva, en El Cocuy.

Entre las presiones que deben sortear estas personas están los grupos armados, las minas antipersonales, quemas, acaparamiento de tierras y los conflictos con los campesinos. Un tema que se agravó esta semana en el parque Tinigua con la entrada de la operación Artemisa.

El daño colateral

Con la intención de ejercer control estatal en estas zonas apartadas e históricamente abandonadas, en las que además siempre ha habido presencia de campesinos, se creó la estrategia Artemisa, con el fin de frenar la deforestación con presencia militar y un componente social.

Así han logrado recuperar más de 3.500 hectáreas de bosques en parques como Chiribiquete y La Paya. En la más reciente operación, que se hizo en el Meta, se retomó el control de aproximadamente 1.900 hectáreas del parque Tinigua, según el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, los críticos, como Óscar Hernández, representante legal de la Corporación Ambiental Ecoamen y líder social de La Macarena, Meta, afirman que solo ha llegado la presencia del ejército sin tener en cuenta los acuerdos previos que se han hecho.

“Esta operación no solo pone en peligro a los guardaparques, porque son los que se quedan a poner la cara, también a los campesinos, porque les tumban las casas y les quitan el ganado, y así no se soluciona el problema”, concluyó.

Quemaron 70 hectáreas en La Macarena

De acuerdo con el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, el incendio que se registró el sábado pasado en la tarde, en el parque natural La Macarena, a la altura de Caño de Cristales, fue provocado a modo de represalia por los operativos realizados en estas zonas en contra la deforestación.

Para controlar las llamas, se enviaron 12 unidades de Bomberos, 8 de la Defensa Civil y 4 voluntarios. La comunidad también estuvo presente ayudando con el traslado del personal de organismos de socorro en sus vehículos.

Solo hasta las tres de la mañana del domingo se lograron extinguir las llamas. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 70 hectáreas de bosque nativo se quemaron. Estas se suman a las más de 9.234 hectáreas afectadas en el Área de Manejo Especial de La Macarena.

A causa del operativo de la Fuerza Pública, en el que fueron capturadas 20 personas en el parque Tinigua, que presuntamente habrían atentado contra el medioambiente, los campesinos se enfrentaron al ejército, pues aseguraron que muchos de los detenidos eran líderes sociales.

Tras estos hechos, algunas asociaciones informaron que las disidencias iniciaron ayer un paro armado hasta que el ejército salga de La Macarena y Tinigua. También convocaron una plantón en las instalaciones de Parques en Bogotá, para exigir el cese de la presencia militar en sus veredas.

Por otro lado, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que lo ocurrido fue una asonada contra los uniformados y que algunos campesinos secuestraron a un soldado.

Tatiana Rojas Hernández
Periodista de Medioambiente


Tomado del diairo EL TIEMPO