Denuncia atropellos como golpizas a algunos de los manifestantes en las marchas.
Por: Sergio Gómez Maseri
EL TIEMPO
Un nuevo informe de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), hecho público este lunes, denuncia múltiples abusos de la Policía colombiana, como golpizas y detenciones arbitrarias, contra los manifestantes que han venido participando en las marchas callejeras que se han presentado en el país desde el año pasado.
El informe está basado en entrevistas con víctimas y sus familiares, y con funcionarios del Gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía.
De acuerdo con la ONG, que documentó casos desde noviembre de 2019 hasta marzo del presente, también se tuvieron en cuenta denuncias penales, informes médicos, versiones de los abogados de los afectados e información recaudada en redes sociales.
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“Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales a manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes. Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la Fuerza Pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados”, dice en el reporte José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG.
Según HRW, a lo largo de los últimos tres meses, la organización recopiló los casos de unas 26 personas que habrían sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados.
Así mismo del empleo de “armas menos letales” durante las operaciones antidisturbios. Entre ellas la escopeta calibre 12, como la que se usó contra Dilan Cruz, un joven de 17 años que murió a causa del impacto en su cabeza de una munición diseñada para ser disparada a los brazos o piernas.
De acuerdo con la versión que dio la Procuraduría a HRW, “los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de esta arma, a menudo impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla”.
Según HRW, en una entrevista con el entonces fiscal general, Fabio Espitia, este le dijo a la ONG que su dependencia estaba investigando 72 casos de posibles abusos cometidos por la policía durante las protestas.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa se refirió a otras 33 investigaciones que adelanta la justicia penal militar y a 44 investigaciones disciplinarias. La Procuraduría tiene abiertas otras cuatro.
A la fecha, en ninguno de los 153 procesos que adelantan estas instituciones se habrían presentado imputaciones, según dice HRW.
Justicia penal militar
La ONG cuestiona que la justicia penal militar lleve investigaciones pues, conforme al derecho internacional, los abusos atribuibles a agentes de seguridad deben ser investigados por la justicia ordinaria, no por la militar.
En el reporte, HRW afirma que documentó a su vez seis casos en los cuales policías golpearon de forma brutal a manifestantes y transeúntes. Uno de ellos es Carlos Steylei Obregón Ramírez, de 24 años, que fue atacado por uniformados al pasar junto a manifestantes cuando volvía de trabajar.
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“También hay evidencias —dice la organización— de que la Policía ha detenido arbitrariamente a manifestantes pacíficos y transeúntes, así como a periodistas que daban cobertura a las protestas. 213 personas fueron detenidas y otras 1.662 fueron ‘trasladadas’ a centros de detención administrativa, en relación con el paro nacional en 2019, según indicó el Director de la Policía Nacional a Human Rights Watch el 27 de enero”.
La ONG estadounidense afirma que en algunos casos los policías emplearon indebidamente una disposición del derecho colombiano que los autoriza a trasladar a una persona a un centro asistencial o de protección cuando está en riesgo su vida o la de terceros. Pero a ley, dice HRW, solo lo autoriza cuando es el “único medio disponible” y exige que primero se contacte a los familiares para informarlos. Algo que no se presentó en muchos de los casos que investigaron.
Y menciona el de una periodista que fue detenida por negarse a entregar su teléfono celular y luego fue llevada a la fuerza, “para su protección”, a una unidad detención administrativa.
El informe también dedica un importante espacio a las detenciones y expulsiones de unos 60 extranjeros a quienes se acusó de participar en los disturbios y de ser agentes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. De acuerdo con HRW, el gobierno no solo no aportó pruebas de lo último sino que habría deportado a muchos de manera arbitraria
El reporte sostiene que si bien las protestas se desarrollaron de manera pacífica, “algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados, sobre todo en Bogotá y Cali”.
Además de los casos de Dylan Cruz y Carlos Obregón, HRW presenta detalles puntuales de otros abusos de la Policia contra ciudadanos colombianos y extranjeros.
Entre ellos, la supuesta golpiza y detención de Natalia Gema Racero, una joven de 20 años que iba rumbo a su lugar de trabajo cuando decidió devolverse a su casa ante la ausencia de transporte público y quedó en medio de una de las manifestaciones.
“Los policías la llevaron adentro de una estación de Transmilenio, donde un agente le tocó los senos en dos ocasiones para ver si escondía algo, dijo Racero Cruz… Dos horas después, la subieron a una camioneta, según afirmó, le dieron golpes en la cabeza y la espalda con un bastón y le dijeron que cantara para que no le pegaran. La llevaron a la estación de policía de Kennedy, donde dos horas después, las autoridades la liberaron. Human Rights Watch vio fotos de las lesiones que presentaba Cruz en la cabeza y la espalda, las cuales son consistentes con su versión de lo ocurrido“, relata la ONG.
También los casos de Diana Pinzón y Cristian Angarita, dos estudiantes de la Universidad de los Andes, que fueron atacados por la policía cuando regresaban de cubrir las manifestaciones como parte de una asignatura en este centro académico.
La Policía, dice HRW, dejó a Pinzón tirada en la calle tras quedar inconsciente luego de la golpiza y solo llegó a un hospital con la ayuda de vecinos del sector.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Tomado del diario EL TIEMPO
