El Gobierno calificó como “falta de respeto” e “injerencia indebida” las palabras de Alberto Brunoni, representante en el país de la Oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH., quien pidió la “urgente sanción y promulgación” de la Ley Estatutaria. Presidente Iván Duque visitó ayer un ETCR
Las objeciones del presidente Iván Duque a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generaron el primer choque en el escenario internacional. Durante la presentación del informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, su representante, pidió la “urgente sanción y promulgación, sin dilaciones”, de la norma, enfatizando en que solo con ella habría una “garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición”. Palabras que el Gobierno calificó como “faltas de respeto” y una “injerencia indebida” en los asuntos internos del país.
Según manifestó el canciller Carlos Holmes Trujillo, la petición del funcionario no coincide con lo que él conversó al respecto, el pasado martes, con el secretario general de la ONU, António Guterres, cuando le explicó “de manera muy detallada” los argumentos de la decisión presidencial. “La declaración de Brunori se aparta de lo que fueron los términos de la conversación (…) aprovecho esta oportunidad para agradecer nuevamente al señor secretario general su interés, comprensión y receptividad a toda la información que le fue suministrada respecto de las razones que llevaron al presidente de la República a formular las objeciones que son de conocimiento de la opinión nacional”, dijo Trujillo en un video.
Por su parte, el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, fue más allá al asegurar que “Brunoni trató de inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia”, lo cual, enfatizó, se sale del marco acordado por el sistema de la Organización. “Se toma el atrevimiento de decirle al señor presidente qué debe hacer, cuando en realidad en Colombia hay un Estado Social de Derecho que debe ser respetado”, expresó en declaraciones entregadas a RCN Radio.
En el encuentro con Guterres, el canciller Trujillo insistió en que las objeciones son una facultad del presidente, de acuerdo con la estructura institucional del país, y que el objetivo es que el Congreso debata los artículos refutados para tomar “finalmente las decisiones que mejor correspondan”. El secretario general de la ONU, por su parte, confió en que haya “acciones rápidas” para asegurar que esta base jurídica quede establecida “cuanto antes”, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y la seguridad legal para todas las partes involucradas.
Incluso, en un comunicado posterior, la ONU lamentó que no se cuente con un marco jurídico que reglamente la JEP e hizo un llamado para que “la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas y están en la legalidad, de los miembros de la Fuerza Pública y de quienes voluntariamente se hayan acogido a la JEP” no se vea en riesgo.
Lo cierto es que pocas horas después de anunciarle al país las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, el gobierno Duque inició una ofensiva a nivel internacional en defensa de su decisión. A su vez, sus contradictores no se han quedado quietos: mientras el primer mandatario se reunía el lunes con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia para explicar sus argumentos, más de cien personalidades y organizaciones sociales le enviaron una carta precisamente a Guterres, pidiendo por el cumplimiento de los acuerdos.
La cruzada del canciller, que incluyó el diálogo con los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad, lo llevó ayer a La Haya, para hablar con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. “Fue una reunión de carácter informativo con el propósito de hacer precisiones”, refirió el canciller, quien calificó el ambiente del encuentro como “muy bueno” y agradeció “la receptividad” mostrada por Bensouda.
Lo cierto es que, tal y como se esperaba, la comunidad internacional que acompañó e incluso en algunos casos fue garante del proceso de paz sigue de cerca las líneas que está siguiendo el gobierno Duque con la JEP. Ya la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se pronunció en favor “del pleno y libre funcionamiento” de esa jurisdicción especial, necesaria para garantizar los derechos de las víctimas. E incluso lamentó que a más de dos años de la firma del Acuerdo Final aún no cuente con un ley estatutaria.
Pero la ofensiva gubernamental no solo se da en el campo internacional. Ayer, el presidente Iván Duque visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), de excombatientes de las Farc, ubicado en la vereda San José de Oriente, municipio de La Paz, en Cesar, donde envió un mensaje de tranquilidad en el sentido de que las objeciones no afectarán el cumplimiento de los Acuerdos de Paz ni las acciones que se desarrollan en favor de los excombatientes que están en estas áreas.
“Hoy venimos una vez más a ratificar el compromiso de este Gobierno con la construcción de la paz en los territorios, por ayudarles a las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación a que construyan exitosamente ese proceso”, dijo. Advirtiendo, eso sí, que será implacable “cuando hay reincidencia, cuando alguien vuelve al crimen, cuando alguien vuelve al narcotráfico, cuando alguien vuelve a la extorsión, cuando se dejan tentar por la criminalidad”.
Tomado del diario EL Espectador
