La lucha contra la corrupción en América Latina pierde fuerza

Foto: El pasado miércoles fue allanada la casa del expresidente ecuatoriano Abdala Bucaram, en el marco de una investigación por corrupción / EFE

El último índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, de la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks señala que mientras la COVID-19 aumenta el riesgo de corrupción en la región, los países relajan la lucha en contra de este mal.

La pandemia de coronavirus no sólo ha generado problemas económicos en los países de América Latina y ha destapado las profundas desigualdades en la región; también está provocando problemas en la lucha contra la corrupción, pues en momentos en que este mal crece, los países han bajado la guardia para frenar el fenómeno.

Esta es la conclusión del índice anual de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020 presentado por la Organización Américas Society/ Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks. El informe, que cubre 15 países latinoamericanos, concluyó que Uruguay es el país mejor preparado para luchar contra la corrupción contra Venezuela, que aparece en el último lugar del ranking.

A Uruguay le siguieron Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), la República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52).

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«El Índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras el COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región», dijo Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA en un comunicado.

En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC , una herramienta creada en 2019, evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema, que ha sido «históricamente una carga para América Latina que ha minado el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad y violado los derechos de millones de personas», agrega Simon.

Si se comparan los resultados de 2019 y 2020 en los ocho países analizados los dos años, se aprecia que solo Perú ha mejorado, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.

«Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina», señala Geert Aalbers, uno de los socios de Control Risks.

«Revelan un panorama legal desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva», agrega.

El Índice CCC analiza 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Se basa en datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.

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Operativo en Ecuador

Un ejemplo del avance de la corrupción durante la pandemia se dio en Ecuador. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano realizó un operativo la semana pasada ue se saldó con 17 detenidos, entre ellos el expresidente Abdalá Bucaram, y 37 allanamientos en dos provincias.

El operativo se adelantó para combatir prácticas corruptas en plena pandemia de COVID-19. Los delitos que están siendo objeto de investigaciones corresponden a los de peculado (malversación de fondos públicos), tráfico de influencias y delincuencia organizada, en relación con los detenidos en Guayas. En Pichincha, el operativo se relacionó con presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos en la empresa de Agua Potable y la presunta comisión del delito peculado.

En Guayas había toda una infraestructura para cobrar más por insumos médicos; los sobreprecios llegaban a los 12 millones de dólares; al parecer la red estaría integrada por empleados públicos, personas naturales y jurídicas involucradas, presuntamente, en la suscripción de convenios a cambio de pagos, «en esta época de emergencia y antes también».

Con información de agencia EFE


Tomado del diario EL ESPECTADOR / Agencia EFE